La base normativa para la labor de las Naciones Unidas en materia de estado de derecho es la Carta de las Naciones Unidas, junto con los cuatro pilares principales del sistema jur¨ªdico internacional: el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional y el derecho internacional de los refugiados.
La delincuencia organizada transnacional y el tr¨¢fico il¨ªcito de drogas, seres humanos, armas, dinero y recursos naturales, as¨ª como las pr¨¢cticas corruptas y el terrorismo, se han convertido en amenazas mundiales que socavan el estado de derecho y la buena gobernanza, y obstaculizan el logro del desarrollo sostenible. Esas cuestiones no se pueden abordar con ¨¦xito de manera unilateral o en forma compartimentada. M¨¢s bien, requieren una respuesta multilateral integrada a nivel mundial, regional, nacional y local.
La labor de la (±¬ÁÏÍøODC) se gu¨ªa por una amplia variedad de instrumentos internacionales jur¨ªdicamente vinculantes, como las tres convenciones de fiscalizaci¨®n de drogas, la Convenci¨®n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, la Convenci¨®n de las Naciones Unidas contra la Corrupci¨®n, las reglas y normas de las Naciones Unidas sobre prevenci¨®n del delito y justicia penal y 19 instrumentos jur¨ªdicos universales contra el terrorismo.
El estado de derecho y el desarrollo est¨¢n estrechamente relacionados y se refuerzan mutuamente. Mediante su red de oficinas sobre el terreno, que incluye ocho oficinas regionales y diez oficinas en los pa¨ªses, la ±¬ÁÏÍøODC garantiza que las normas y est¨¢ndares mundiales est¨¢n integrados en los programas regionales y nacionales, y ejecuta programas regionales y nacionales en estrecha consulta con las entidades regionales, los pa¨ªses asociados, los asociados de las Naciones Unidas y la sociedad civil.
Sobre la base de su labor normativa, anal¨ªtica y operacional, la ±¬ÁÏÍøODC seguir¨¢ trabajando a trav¨¦s de las asociaciones dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas para ayudar a los Estados Miembros a proporcionar a los ciudadanos servicios de seguridad y justicia eficientes y responsables que puedan romper los ciclos de violencia y desempoderamiento, allanando el camino para el desarrollo equitativo y sostenible.

