La reforma de las instituciones del estado de derecho, incluido el mejoramiento de la supervisión, la rendición de cuentas y la administración, a menudo es una prioridad clave para los países que salen de conflictos. El desarrollo de estas y otras instituciones básicas es una tarea a largo plazo, que debe basarse en acuerdos políticos inclusivos para asegurar la legitimidad popular de las reformas. El 
(FCP)) apoya programas y proyectos en la esfera del estado de derecho en los países en que el análisis de los conflictos ha determinado que ese sector es una fuente de continuas tensiones o de un posible conflicto, o donde se deben restaurar las estructuras legítimas para resolver controversias jurídicas tras el restablecimiento de la paz. Como consecuencia, los proyectos de Fondo en esta esfera tienden a centrarse en la reforma jurídica y en el fortalecimiento de las instituciones judiciales nacionales y locales y la policía. El objetivo de ese apoyo es asegurar que las instituciones y entidades jurídicas sean eficaces, inclusivas y sometidas a leyes que se promulguen públicamente, se hagan cumplir por igual y se apliquen de manera independiente, en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos. Se hace hincapié particular en el apoyo a los derechos humanos, entre otras cosas mediante la armonización de los marcos constitucionales, jurídicos y de políticas existentes; la educación y formación sobre derechos humanos; el fortalecimiento de la capacidad de los sistemas judiciales y de aplicación de la ley y el acceso a estos; la vigilancia y protección de los derechos humanos; y el apoyo a los mecanismos de justicia de transición. En la actualidad, el Fondo presta apoyo a proyectos relacionados con el estado de derecho en Burundi, C?te d’Ivoire, Guinea-Bissau, Guatemala, Kirguistán, Liberia, Nepal y el Yemen.
Documentos y enlaces pertinentes
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(el Fondo y los países que apoya) - (proyectos específicos en cada país)